En un sentido histórico más amplio, el término incluye también a las campañas previas a la Conquista del Desierto, es decir, al conjunto de expediciones militares llevadas a cabo por los españoles y los gobiernos nacionales y provinciales argentinos que los sucedieron, en contra de los indígenas, antes de la gran campaña de 1879.
El plan de Roca
Adolfo Alsina falleció el 29 de diciembre de 1877. El 3 de enero de 1878 el entonces presidente Nicolás Avellaneda designó en su reemplazo al general J. A. Roca, quien desde un principio criticó las tácticas usadas por su antecesor, siendo partidario de las operaciones ofensivas realizadas por columnas bien montadas, bien armadas y dotadas de gran movilidad que pudieran sorprender a los indios en sus tolderías. El plan elaborado por J. A. Roca comprendía dos fases bien diferenciadas. En una primera etapa se realizarían operaciones relámpago, ataques fulminantes, en general llevados a cabo al amanecer, para sorprender a las indiadas en sus campamentos. Neutralizada la masa de los guerreros se pasaría a la segunda fase: una gran batida para barrer con los restos de las tribus y obligarlas a rendirse o empujarlas hacia el sur del río Negro utilizando una táctica muy similar a la empleada por Juan Manuel de Rosas en 1832-1833. El río Negro formaba una gran barrera natural, vadeable por unos pocos lugares donde se podían poner fuerzas militares para impedir el reingreso de los indígenas para realizar malones sobre las tierras fértiles. Posteriormente se realizarían campañas complementarias para terminar con los grupos que se refugiaran en las zonas cordilleranas. Para poder llevar a cabo el plan, el 14 de agosto de 1878 el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso el proyecto de ley preparado por el general J. A. Roca por el que se solicitaba la derogación de la ley 752 (plan de Alsina) y su reemplazo por la 215, pidiendo 1.500.000 pesos para ponerlo en práctica. El proyecto fue acompañado por un mensaje, recogemos un fragmento del mismo:
“Es necesario abandonar de una vez {el sistema de A. Alsina} e ir directamente a buscar al indio en su guarida, para someterlo o expulsarlo, oponiendo enseguida, no una zanja abierta en la tierra por la mano del hombre, sino la grande e insuperable barrera del río Negro, profundo y navegable en toda su extensión, desde el Océano hasta los Andes. Hemos perdido mucho tiempo (…)”.
Tras una serie de debates, el proyecto fue aprobado por ambas cámaras. El 4 de octubre mediante la ley 947, l Poder Legislativo asignó al Ejecutivo 1.600.000 pesos para concretar las operaciones. Para llevar a cabo su plan el nuevo ministro de guerra contaba con una enorme ventaja: las acciones practicadas por su antecesor habían provocado un gran desgaste en las tribus. La ocupación de las estratégicas zonas de Carhué, Puan, Guaminí, Trenque Lauquen e Ita Ló y las posteriores incursiones ofensivas de A. Alsina generaron un daño irreparable en el poder de los indígenas, a lo que había que agregar la muerte en 1873 del cacique Juan Calfucurá, arquitecto de la confederación que tuvo en jaque a los gobiernos entre 1852 y 1872.
El ministro dispuso una serie de medidas para facilitar las acciones:
Suprimió el uso de artillería de campaña en las columnas expedicionarias por considerarla prácticamente inútil y dañina para la movilidad de las fuerzas.
Aumentó la cantidad y la calidad del ganado para el abastecimiento de las tropas.
Simplificó y aligeró el equipo individual de los efectivos militares, suprimiendo el uso de la tan resistida coraza. Los efectivos iban dotados de carabinas, sables y los temibles remingtons.
Amplió la red telegráfica para agilizar las comunicaciones.
Las acciones a desarrollar buscaban terminar de una vez por todas con la amenaza de los malones que destruían las poblaciones, arruinaban la economía nacional y ponían en peligro la soberanía en medio de las constantes tensiones con Chile por la cuestión de la frontera. Ya en 1876, en plena polémica con A. Alsina, J. A. Roca escribió en el diario La República:
“No solamente ofrecerá esta operación grandes beneficios para el país por los riquísimos campos regados por los numerosos ríos y arroyos que se desprenden de la cordillera, y que se ganarían para la provincia de Mendoza o para la Nación, sino por las ventajas que reportaría para la seguridad de nuestras fronteras actuales, el hecho de interceptar y cortar para siempre el comercio ilícito, que desde tiempo inmemorial hacen, con las haciendas robadas por los indios, las provincias del sur de Chile, Talca, Maule, Linares, Ñuble, Concepción, Arauco y Valdivia.
En épocas normales, en que no se tienen en cuenta las grandes invasiones como las realizadas últimamente, que aumentan considerablemente la exportación de ganados a Chile, se calcula la cifra de ganado de nuestras provincias en cuarenta mil cabezas al año, cuya mayor parte las venden los Pehuenches, que viven en perfecta paz y armonía con la República Chilena, recibiendo a cambio, en especies, un valor de dos o tres pesos fuertes por cabeza.
Algunas personas que ha vivido en las fronteras chilenas me han asegurado que algunos de los prohombres de aquel país, que tienen o han tenido establecimientos de campo en aquellas provincias, no han sido extraños a este comercio y deben a él pingües fortunas o el considerablemente aumentos de ellas.
Abrigo la convicción de que, suprimido este mercado que hace subir o bajar la hacienda en Chile, en proporción a la importancia de los malones a Buenos Aires y otras provincias argentinas, se quitaría a los indios el más poderoso de los incentivos que les impulsa a vivir en acecho de nuestra riqueza, al mismo tiempo que se impediría a Namuncurá y a Catriel recibir de sus aliados de la cordillera refuerzos tan considerables como el que les ha traído el cacique Renque, que ha venido con dos mil de los suyos y ha tomado parte en las invasiones de los Tres Arroyos y Juárez, siendo él, según noticias que he tenido, por conducto de Mariano Rosas, el que presentó combate a Maldonado. Casi todos los caciques de estas tribus acuden al llamado de las autoridades chilenas, y el principal de ellos, Feliciano Purrán, que tiene su residencia en Campanario, doce leguas al sur de Neuquén, que se titula gobernador y general y, además, muy rico, recibe sueldo del gobierno chileno, para hacer respetar los intereses y las vidas de sus ciudadanos (…)”.
La cita es extensa pero refleja la esencia de los problemas que generaban los malones y que intencionalmente el indigenismo apátrida quiere ocultar. Las campañas al desierto eran una necesidad imperiosa por las siguientes razones:
Los malones destruían las vidas y propiedades de los habitantes de la campaña.
Impedían el desarrollo y expansión de la economía.
Eran un eficaz instrumento de la geopolítica de Chile que alentándolos privaba de importantísimos recursos materiales a la Argentina, tomándolos para su beneficio, debilitaba la presencia del Estado Argentino en los territorios en disputa y llenaba las arcas de los comerciantes transandinos. Es clara la apreciación de J. A. Roca cuando sostiene que el precio del ganado dependía del éxito o fracaso de los malones. Decidido a terminar con las atrocidades en la frontera y a asegurar la presencia del Estado en las zonas en litigio con Chile, el ministro de guerra envió a los sufridos efectivos del Ejército Argentino, como tantas veces en la Historia, a sacrificarse por el bien de la Patria.
La nueva táctica a adoptarse fue sintetizada por el comandante Manuel Prado, testigo y protagonista de los sucesos:
“Ya no era el indio quien vendría a quemar las poblaciones cristianas sobre las mismas trincheras, ni se daría el caso de que una sola razzia como aquella que batió al comandante Lorenzo Vintter en la Blanca Grande, que se llevara cerca de ochenta mil cabezas de ganado vacuno.
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